¿Y si los dividendos se destinaran a aumentar el gasto en I+D+i?

El pasado día 19 de febrero, Expansión publicó un artículo sobre los Wallenberg, una de las sagas empresariales más poderosas de Europa.

Los Wallenberg han logrado preservar su imperio durante un siglo burlando las disputas de poder entre familiares. Un milagro teniendo en cuenta que sólo un 3% de las empresas familiares llegan a la cuarta generación.

Lo realmente interesante de esta saga empresarial es su política de dividendo. Alrededor del 80% del beneficio se dedica a la investigación; el resto se reinvierte. No hubiera sido difícil de imaginar que los Wallenberg invirtieran sus beneficios en el mercado de capitales, como ocurre en la mayoría de los casos en los que el accionista recibe dividendos.

En el siglo de vida que tiene esta saga empresarial, han sido destinados aproximadamente unos 2.540 millones de euros a investigación. Un 9,78% del dividendo repartido por las empresas del Ibex 35 en el ejercicio 2016.

Entendiendo que las subvenciones destinadas a investigación han ido decreciendo en las últimas décadas, la iniciativa de financiar el gasto en investigación debería nacer desde la propia empresa privada. Si dicha iniciativa no es capaz de nacer por parte del accionista, que no está vinculado a largo plazo con la empresa ni con la sociedad, ¿debería de ser el propio estado quien regule por ley la obligación de destinar parte del beneficio del ejercicio a la investigación?

Este tipo de medidas, no deberían ser consideradas por la empresa como un aumento de los impuestos, sino como una medida para hacerla sobrevivir en un futuro en el que las empresas y la sociedad estará dividida entre los que ofrecen un servicio altamente especializado y los que subsisten a base de ofrecer un producto cada vez más barato. Esta segunda opción conlleva directamente a la pobreza y hacia un camino con un retorno cada vez más difícil a adaptarse a los servicios altamente especializados.

Una política que busca una mayor rentabilidad a corto plazo a través del recorte en costes y del precio de venta lleva a la desaparición de empresas. ¿Cuántas nuevas empresas han de nacer para que los inversores no se tengan que pelear por las pocas que queden? ¿Hasta dónde llegará el precio del valor de las acciones de las empresas altamente tecnológicas? ¿Cuál será el precio a pagar por tener que importar tecnología de otros países?

Más aún, ¿la inversión privada en investigación debería ser preceptiva por imperativo legal?

Jon Ugalde Rementeria


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