¿Deben pagar impuestos los robots?

Aunque parezca una pregunta más propia de una película futurista, la realidad siempre supera a la ficción.

Y es que la automatización de los procesos productivos y la incorporación de inteligencia artificial en diversos sectores económicos están obligando a plantearnos los cambios que pueden originar en la futura recaudación fiscal y la necesidad de regular la tributación de las llamadas “personas electrónicas”.

Así, esta nueva dimensión económica, presidida por la automatización y la inteligencia artificial, ha generado cuantiosas alarmas en relación con destrucción de puestos de trabajo, lo que ha hecho surgir el debate sobre cómo debe adaptarse el sistema tributario ante este nuevo contexto.

El punto de partida tuvo lugar el pasado 31 de mayo de 2016, fecha en la que el Parlamento Europeo elaboró una propuesta en la que puso de manifiesto la necesidad de abordar, entre otros temas, cuestiones sobre robótica y las llamadas “personas electrónicas”.

La cuestión es muy polémica, con voces, tanto a favor de la imposición fiscal a los robots, como en contra. Entre los partidarios de la misma se encuentra Bill Gates. El fundador de Microsoft aboga por el pago de impuestos por los robots, con el fin de compensar fiscalmente la pérdida de recaudación debida a los puestos de trabajo que ocuparían en detrimento de los seres humanos. Por contra, otras voces resaltan el perjuicio que supondría la tributación de las personas electrónicas, al entender que podría suponer un obstáculo a la innovación empresarial y al desarrollo tecnológico.

Desde el punto de vista estrictamente fiscal, cabe plantearse qué impuesto podría gravar a estas “personas electrónicas”. ¿Cabe un “pseudo” impuesto que gravase la renta generada por los robots, en términos similares a la obtenida por las personas físicas?, ¿O caso debería establecerse la imposición de estas “personas electrónicas” desde el prisma del impuesto sobre sociedades?

Son varias las propuestas que se han puesto sobre la mesa. La primera de ellas aboga por establecer un gravamen o recargo específico en el actual impuesto sobre sociedades a todos aquellos contribuyentes que hayan transformado su proceso de producción mediante el uso de personas electrónicas. De este modo, se buscaría compensar la menor recaudación por la pérdida de empleos. Una segunda opción sería la incorporación de un gravamen específico para las personas electrónicas con el fin de financiar el sistema público y mantener el Estado del Bienestar.

No obstante, estamos en la fase inicial de análisis teórico de esta cuestión que, a día de hoy, tiene pocas certezas y muchas cuestiones por resolver.

Laura Vírseda

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